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Foto: Revista Puerto/FIS
Cepa y la industria naval piden más tiempo para participar del ingreso de poteros
ARGENTINA
Monday, July 06, 2026, 00:10 (GMT + 9)
Estas entidades empresariales y un gremio naval solicitaron al Consejo Federal Pesquero ampliar el plazo de presentación de proyectos para la pesquería de calamar, el cual venció el pasado 19 de junio, con el fin de promover la construcción nacional.
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Las notas presentadas recientemente ante el Consejo Federal Pesquero respecto al ingreso de nuevos poteros no reflejaron un rechazo generalizado, sino una solicitud formal para extender el plazo de participación en la compulsa. El Centro de Patrones fue la única entidad que requirió esta semana la suspensión de la Resolución 6, la cual habilitó el ingreso de 18 nuevos barcos poteros. Por su parte, la mayoría de las solicitudes provenientes de la industria naval, tales como la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), el Consejo de Ingeniería Naval (CIN), el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA) y la Asociación de Astilleros y Talleres Navales Argentinos (ABIN), peticionaron una "prórroga o ampliación del plazo para presentar los proyectos". El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) realizó una presentación similar, enfocada en "el principio de concurrencia", y sumó el pedido de igualar la puntuación otorgada a los puertos de desembarque al momento de evaluar cada propuesta. En tanto, la Provincia de Buenos Aires mantuvo sus reparos y analiza judicializar la situación, según informa Revista Puerto.
Tras analizar las notas recibidas, los miembros del Consejo Federal Pesquero decidieron por mayoría remitirlas a la autoridad de aplicación, argumentando que los plazos ya fueron establecidos en la Resolución 8 (modificatoria de la Resolución 6) por un término de 15 días hábiles contados a partir del 1 de junio. Dicha normativa estipula: “Las presentaciones deberán efectuarse en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial, que podrá ser prorrogado por la Autoridad de Procedimiento. La presentación efectuada con posterioridad al vencimiento de los plazos establecidos será rechazada sin más trámite”.
A pesar de que los consejeros no rechazaron de plano las solicitudes, la Representante de la Provincia de Buenos Aires emitió su voto de forma negativa y, anticipándose a la respuesta de la autoridad, manifestó: “que es evidente que si no se hace lugar al planteo de prórroga formulado por el conjunto de cámaras pesqueras y astilleros nacionales toda posibilidad de contar con buques de construcción argentina será prácticamente imposible”, añadiendo que “las atribuciones otorgadas a la autoridad de aplicación resultan improcedentes, correspondiendo la resolución en este cuerpo”.
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La postura de la consejera bonaerense se sustenta en un dato objetivo: al menos cuatro de las notas ingresaron de manera extemporánea. Los 15 días hábiles otorgados para la presentación de proyectos expiraron el 19 de junio, bajo la vigencia de la Resolución 6/26, mientras que dos de las presentaciones se realizaron el 25 de junio, otra el 29 de junio y la última el 30 de junio.
Aunque las actas reflejan que las solicitudes buscan una ampliación de plazos para proyectos de "construcción nacional", los plazos de inscripción fijados en las resoluciones 6 y 8 no discriminan entre buques nacionales e importados. Dicha distinción se aplica únicamente al momento de incorporar las unidades a la matrícula mercante.
Las resoluciones que autorizaron el ingreso de los 18 poteros establecieron que los proyectos aprobados tendrán como fecha límite de incorporación el 31 de diciembre de 2027 si corresponden a buques importados usados; el 31 de diciembre de 2028 para buques nuevos construidos en el extranjero; y el 31 de diciembre de 2029 para aquellos de construcción nacional.
Independientemente de la fecha de presentación, el fundamento conceptual de los pedidos podría impugnar el procedimiento, un escenario que la consejera provincial anticipa en su declaración.
En el ámbito empresarial, CEPA solicitó formalmente modificar el esquema vigente para extender la presentación de proyectos a un periodo no menor a 180 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 8/26, ocurrida el 11 de junio.
Desde CEPA argumentaron que el plazo actual de 15 días resulta exiguo y vulnera el principio de concurrencia, señalando que dicha limitación “determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no”. Asimismo, sostuvieron que una extensión del plazo “contribuirá a fortalecer la convocatoria, favoreciendo una mayor concurrencia de proyectos”. El documento al que tuvo acceso REVISTA PUERTO detalla además la solicitud de la cámara para que se iguale el porcentaje de asignación que recibe cada puerto operativo.
Buenos Aires iría a la justicia
A diferencia de la postura adoptada por CEPA, la Provincia de Buenos Aires ratificó su oposición al ingreso de los buques poteros mediante un recurso de reconsideración firmado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. La presentación provincial posee dos ejes principales: la exigencia de informes científicos sólidos que respalden la resolución, más allá de la nota técnica presentada por el Director de Investigación del INIDEP, y el cuestionamiento al sistema de puntaje diferenciado para los puertos, el cual otorga la menor calificación a los de Buenos Aires, catalogado por la provincia como inconstitucional.
A pesar de que la administración bonaerense solicitó un pronto tratamiento para su recurso, el representante suplente provincial, Carlos Liberman, confirmó que, de no obtener una respuesta favorable, existe la determinación de recurrir a la vía judicial.
Tras haberse cumplido el plazo de presentación, se prevé que en los próximos días se difunda el listado de los proyectos seleccionados, dando inicio al periodo formal para su incorporación a la matrícula. En el escenario actual, la interposición de una medida cautelar representa la única vía para interrumpir el proceso. El Consejo Federal Pesquero reanudará sus sesiones dentro de 15 días, fecha en la que se conocerá el desenlace de esta medida dictaminada por mayoría.
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