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Buque potero en Tandanor.
El plan del Gobierno para expandir la flota potera en aguas argentinas abre un intenso debate sobre la sostenibilidad y la transparencia
ARGENTINA
Thursday, May 21, 2026, 00:10 (GMT + 9)
La propuesta busca incorporar hasta una veintena de buques especializados en calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva para frenar a la flota extranjera de la milla 201 pero despierta dudas biológicas y sospechas de manejos corporativos.
El Gobierno argentino avanza firmemente en una iniciativa estratégica para incorporar entre 15 y 20 buques poteros a la matrícula nacional . operativa frente a la masiva e incesante flota extranjera que se sitúa en la milla 201 .
Esta medida comenzó a gestarse de manera formal en el mes de febrero , cuando el Poder Ejecutivo consultó formalmente a la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) sobre la viabilidad de ampliar la flota que actualmente opera dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) . entidad empresarial, presidida por Juan Redini , fue inicialmente favorable, aunque sujeta a una condición estricta: que se consulte de forma vinculante al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) antes de emitir cualquier resolución definitiva.

Portada de Revista Puerto
Asimismo, desde CAPA se solicitó expresamente que se evalúe el notable incremento del esfuerzo pesquero real que se ha producido en los últimos años debido a la modernización tecnológica de los barcos, un factor que eleva exponencialmente su poder de captura, según reporta Revista Puerto .
Soberanía, rendimiento biológico y el impulso de una temporada récord
Habiendo pasado casi tres meses desde aquella primera ronda de consultas, el Ejecutivo anunció formalmente a los miembros del Consejo Federal Pesquero (CFP) que ya se encuentra redactando el proyecto definitivo. La argumentación oficial se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El primero es la presencia soberana, basada en la premisa de que una mayor captura de la especie illex dentro de las aguas jurisdiccionales funcionará como una herramienta para desalentar la actividad de las flotas extranjeras en el área adyacente.
El segundo pilar responde a un orden biológico-económico. Actualmente, la flota de buques poteros cuenta con 84 embarcaciones operativas. El Gobierno sostiene que existe un margen seguro para la expansión si se apela al "número de equilibrio" histórico establecido en los inicios de la pesquería, el cual fijaba un techo máximo de 104 barcos autorizados. Con este respaldo técnico, buscarán que el Consejo dé luz verde al ingreso de al menos 15 nuevos poteros. Cada empresa o grupo económico local estaría habilitado para presentar una única unidad a la convocatoria.
Investigadores y técnicos realizando la campaña de evaluación del stock sudpatagónico del calamar argentino (Illex argentinus) -->
El tercer pilar es el reciente y excelente desempeño comercial. Tras dos períodos consecutivos de capturas abundantes, el año 2025 marcó un hito histórico al registrar el desembarque de 203 mil toneladas de calamar, lo que representó un incremento del 33% en comparación con las estadísticas de 2024. Para las autoridades, este escenario configura un momento óptimo para la expansión.
Alerta Científica: A pesar del optimismo del gobierno por los récords de 2025, la campaña del año en curso encendió alarmas críticas en el sector. Los científicos no lograron encontrar el stock sudpatagónico —el sostén histórico del recurso— y la actividad tuvo que suspenderse antes de lo previsto debido a la preocupante ausencia de concentraciones del stock norpatagónico-bonaerense. Se espera que el INIDEP pondere severamente estos indicadores negativos antes de emitir su veredicto técnico.
Esquema de permisos, especificaciones técnicas y exigencias de valor agregado
El diseño del proyecto gubernamental plantea dos encuadres diferenciados para la adjudicación de derechos de pesca:
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Permisos de hasta 10 años: Para aquellos buques que no dispongan de plantas de procesamiento propio, requiriendo obligatoriamente la suscripción de un convenio comercial con un tercero que sea titular de una planta en territorio nacional.
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Permisos de hasta 30 años: Para aquellas firmas que posean plantas de procesamiento debidamente radicadas en Argentina .
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Foto : Tandanor
A nivel regulatorio, se mantendrá la exigencia legal de un compromiso de reprocesamiento en tierra no menor al 20% de las capturas totales de cada proyecto. Aunque la casi totalidad de los proyectos de la pesquería ya han sido unificados bajo este mismo porcentaje, los controles laxos indican que no todos los actores lo cumplen. Un endurecimiento de las inspecciones estatales sobre este punto específico podría dotar a la medida de un verdadero sentido social, garantizando la creación y el mantenimiento del empleo en las plantas pesqueras costeras.
En cuanto a las restricciones técnicas de las unidades, se establecerá un tope estricto a la capacidad de bodega, la cual no podrá exceder los 1.300 metros cúbicos, requiriendo adicionalmente una antigüedad del buque menor a 20 años desde su construcción. Esta cláusula convalida la incorporación de buques usados; la única compensación estipulada para quienes decidan construir en astilleros nacionales será el otorgamiento de un plazo más generoso para incorporarse formalmente al registro, descartando prórrogas adicionales a los años de vigencia del permiso por el mero hecho de invertir localmente.

Foto : Stockfile / FIS
Como incentivo geopolítico colateral, habrá una compensación adicional para las empresas que decidan operar en el área adyacente a la ZEE (Zona Económica Exclusiva). Aquellos armadores que acrediten un mínimo de 30 días de operación anual efectiva fuera de la milla 200 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de 1 año en sus respectivos permisos.
Interrogantes institutes, sospechas de corrupción y la necesidad de un enfoque holístico
A pesar de la exhibición de argumentos soberanos, la viabilidad integral de la reforma está supeditada exclusivamente a la recomendación final que emita el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero). Si bien contener la depredación de los cientos de buques extranjeros en la milla 201 es una bandera histórica de diversas administraciones pesqueras, la comunidad técnica coincide en que la administración científica de los recursos biológicos es la herramienta más poderosa que posee el Estado argentino contra la pesca ilegal.
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El calamar es una especie migratoria y no se limita a la ZEE de Argentina
La decisión de sumar hasta 20 nuevos barcos con un poder de captura inmensamente superior al de la envejecida flota actual introduce profundas dudas en el sector, especialmente cuando la pesquería se encuentra atravesando un programa de mejoras con vistas a la certificación internacional de sustentabilidad.
Fuentes internas y analistas plantean serios interrogantes sobre si los argumentos oficiales de soberanía son genuinos o si, por el contrario, la medida encubre un nuevo esquema de prebendas y "acuerdos de pasillo" dirigidos entre empresarios influyentes, funcionarios públicos, miembros del Consejo Federal Pesquero y ciertos cuestionados cuadros técnicos dentro del propio INIDEP. Este clima de desconfianza se ve alimentado por antecedentes recientes y controvertidos vinculados a la distribución de la cuota de merluza, así como por denuncias de presunta manipulación dirigida en la elaboración de informes técnicos "hechos a la medida" para validar intereses corporativos.
Finalmente, especialistas advierten que tanto las autoridades gubernamentales como las cámaras empresarias están incurriendo en un grave error de enfoque 'parcial'. La resolución efectiva y estructural del problema exige un abordaje estrictamente holístico, que incorpore de manera sistémica las capturas realizadas en las Islas Malvinas y el esfuerzo pesquero desregulado que se ejecuta en las aguas internacionales contiguas.
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