En agosto de 1952, Perú, Ecuador y Chile proclamaron su soberanía y jurisdicción en el mar hasta las 200 millas, y declararon ante el mundo que era su deber impedir que la explotación de los recursos naturales que habitan en sus aguas, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos que, por su posición geográfica, poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia y de medios económicos que les son vitales. Daban nacimiento a la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), a la que se adheriría Colombia en 1979.
El Plan de Acción Regional para enfrentar la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, se elaboró con la información proveniente del trabajo conjunto de los Estados miembros que la componen Chile, Colombia, Ecuador y Perú
En el año 2000, los miembros de la CPPS suscribieron un instrumento internacional, que promovía la conservación de las especies existentes en la alta mar del Pacífico sudeste (“Acuerdo de Galápagos”), sin embargo, esta visionaria acción no se materializó por la falta de ratificación; motivada por recelos y diferencias entre los 4 países. Años después, se conformaría la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP_PS) con 17 miembros de 4 continentes, que acuerdan medidas de regulación sobre los recursos pesqueros transzonales de gran importancia para nuestros países, como el jurel y el calamar gigante.
Un ejemplo, del poder de la unidad regional y su eficacia para la defensa de la riqueza hidrobiológica, digno de elogiar e imitar, es el de la Organización del Sistema Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), que trabaja para definir y monitorear las políticas y estrategias del marco normativo de Centroamérica, conducentes al desarrollo sostenible sectorial. Como resultado, en menos de 3 décadas, se han convertido en un poderoso bloque que marca la pauta en diferentes organismos internacionales en los que interactúan los 8 países que la conforman.
Según el doctor Ulises Munaylla, ex director científico de la CPPS,“La explotación débilmente regulada o incontrolada de recursos marinos en la alta mar adyacente a zonas de jurisdicción nacional, como la presencia de flota china sobredimensionada, representa una amenaza para la sostenibilidad, lo que puede invalidar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados ribereños con respecto a las mismas especies, dentro de sus 200 millas”.
Queda claro que la integración regional tiene un rol fundamental para garantizar el aprovechamiento sostenible de la pota o calamar gigante, y nuestros países deben trabajar en conjunto para la evaluación del stock regional del citado recurso, que facilite criterios adecuados para futuras decisiones de gestión. Así se evitarán riesgos de sobreexplotación, lo que redundará en beneficio de nuestros pescadores artesanales y, en general, de la enorme cadena productiva que participa en su extracción, transformación y comercialización.
La CPPS es un referente histórico a nivel mundial, que revolucionó el derecho del mar e introdujo conceptos que nos sirvieron para frenar la voracidad de flotas de aguas distantes, como las naves balleneras de Aristóteles Onassis, detenidas y multadas por el Perú en 1954 por pesca ilegal, a pesar de encendidas protestas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega y Suecia.
Este organismo debe liderar la integración de sus miembros para que la pesquería del calamar más grande del mundo, sea regida por un manejo basado en ciencia, que asegure su aprovechamiento sustentable y adopte la medidas de ordenamiento imprescindibles para un aprovechamiento responsable, así como para que se tome en cuenta que en nuestros mares adyacentes se extrae más del 95 % de la pesca administrada por esta organización, por lo que debe incorporarse al español en las reuniones y documentos oficiales. Próxima a cumplir 71 años, la CPPS debe mostrar su sólida madurez.
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